Bolivia ha ingresado a un ciclo no circunstancial, en el que los incendios vuelven a aparecer año tras año. Entre los meses de agosto y noviembre se ha hecho costumbre que los incendios ocupen un lugar importante en la agenda nacional y, junto a ello, la impotencia de ver cómo se van destruyendo millones de hectáreas de bosques, con los impactos socio ambientales que ello implica. Los años 2019 y 2020 ya habían sido los más desastrosos en ese sentido, pero ahora el 2021 se suma a esta lista de desastres en el país. En 2019 por la magnitud de las áreas afectadas por los incendios, fueron 5.3 millones de hectáreas quemadas, lo que implica que fue el año con mayor afectación por el fuego, en especial en el departamento de Santa Cruz. En cambio, en 2020, si bien la extensión territorial total afectada disminuyó, fue el año en que resultaron quemadas una mayor cantidad de áreas protegidas y bosques. Y este año, desde enero hasta julio ya se han quemado 749 mil hectáreas, según la ONG Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Los incendios tienen que ver no solo con el calentamiento global y el aumento de las sequías, sino también con un modelo productivo y un conjunto de actividades relacionadas, que imponen una gran presión sobre distintos territorios, incluso sobre algunos que no son considerados aptos para la actividad productiva.
Normas que no ayudan
El origen del incendio sigue siendo el más común de todos los años, el chaqueo. Bolivia cuenta con un marco jurídico que promueve o permite actividades incendiarias relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola.
Entre esta normativa está la Ley N° 337, de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques de 2013; la Ley N° 502, de ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337, de 2014; la Ley N° 739, de modificación de las leyes N°337 y N°502, de 2015; y la Ley N° 952, de 2017. Todas estas consideradas como leyes del «perdonazo» del desmonte ilegal.
En referencia a la normativa que permite directamente la quema, está la Ley N° 741, de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades, del 2015; la Ley N° 1171, de uso y manejo racional de quemas, de 2019. Dentro de este paquete también está el D.S. N° 3973, que autoriza desmontes y quemas en el Beni.
Poca ayuda para nuestros bosques y reservas
A partir de los incendios forestales del 2019 en Bolivia pusieron en evidencia la falta de un plan de prevención y de presupuesto para gestionar las áreas protegidas. Algo que siempre ha sido una gran debilidad, la poca inversión y el caso omiso que se hace hacia nuestras áreas verdes.
La institución Sernap comenzó funcionar en la década de los 90 con financiamiento internacional para los primeros 15 años. El compromiso del Estado boliviano era trabajar en estrategias financieras de autogestión a largo plazo. Algo que nunca se logró. En noviembre de 2019, el déficit era de 22 millones de bolivianos. En 2020 por la pandemia los 14 parques nacionales habilitados para el turismo dejaron de recibir visitantes. Se estima que solo la Reserva Eduardo Avaroa, perdió 7,7 millones de bolivianos, según un documento de la Dirección de Planificación del Sernap. Durante siete meses ningún área nacional recibió dinero para gastos operativos del Estado. “En muchas de ellas el tema logístico lo solventaba el apoyo de ONG, instancias amigas, comités de gestión, o el propio personal que con sus recursos financiaba gasolina”, asegura Miranda (la antigua directora de Sernap).
Durante un año, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 para poder sofocar los incendios se tuvo que recurrir a empresas privadas, a las gobernaciones y municipios de cada ciudad y a distintas ONG´s para poder recibir alguna ayuda económica. Según Miguel Ángel Sardán ex director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) asegura que se acostumbró a “no pedir fondos” al gobierno, porque “es una pérdida de tiempo”.
Respecto al Presupuesto Operativo Anual (POA) 2021, Teodoro Mamani, director del Sernap, la institución recibe del Tesoro General de la Nación (TGN) solo el 23 % de los recursos que necesita, “nada más para los sueldos”. El resto llega del apoyo de Países Bajos. “La Unión Europea nos está apoyando con 14 millones de bolivianos, por lo que uno de nuestros objetivos es gestionar más recursos económicos”.
Bolivia viene de una crisis política, y sumándole a ello, la crisis sanitaria por la que atraviesa aun la población mundial. Gracias a la mala organización política, se vieron afectados también nuestros bosques. Varias autoridades de Sernap, científicos, organizaciones ambientalistas y expertos, temían que esta decisión esté asociada a la necesidad de impulsar la economía sin tomar en cuenta el medio ambiente y la temporada de incendios. Ya se tenía previsto que este no iba a ser un buen año, en enero según Carlos Pinto, gerente de proyectos de manejo de fuego de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) señaló: “Este año se perfila como complicado climáticamente. Hay que estar atentos para ver los escenarios (de incendios). Con dos años de actividad productiva paralizada por la crisis política y la pandemia, ahora en 2021 todos van a querer salir a producir”, dijo.
Mientras las condiciones climáticas y los recientes incendios anuncian un año crítico más para los bosques de la Chiquitanía, otras condiciones agravan aún más la situación, los recientes monitoreos satelitales que indican el incremento de los focos de calor según el último reporte del monitoreo satelital del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) da cuenta de ello. Según el informe de junio de 2021, para territorios indígenas y áreas naturales protegidas se registró 15.815 focos de calor en todo el país, una cifra que duplica los 7.199 focos de calor registrados en el mismo mes de 2020.
By: Daymira Canales
Bajo mi Sombrero Verde
